A partir de este lunes, comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que afecta tanto a colectivos de jurisdicción nacional como a los ferrocarriles. Con esta actualización impulsada por la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo de colectivo para tramos de hasta 3 kilómetros pasó a costar $728,28 para usuarios con tarjeta SUBE registrada, $327,72 para beneficiarios de la tarifa social y $1.456,56 para quienes viajen con plásticos sin nominalizar. En el caso de los trenes, la tarifa mínima se mantiene en los $350 establecidos a principios de mes, aunque el Gobierno ya proyecta subas escalonadas para julio, agosto y septiembre que llevarán el piso a casi $450.
La escala tarifaria para los colectivos se incrementa según la distancia: el tramo de 3 a 6 kilómetros pasó a costar $823,21, mientras que el recorrido más largo (más de 27 kilómetros) alcanzó los $1.107,19 con SUBE registrada, trepando hasta los $2.214,39 para quienes no tengan sus datos validados. Estos ajustes impactan directamente en el bolsillo de los trabajadores, considerando que el gasto en transporte ya representa el 48% del total de la canasta de servicios públicos en el hogar. Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, el costo de viajar en el AMBA sufrió un salto del 1.276% desde diciembre de 2023, consolidándose como el componente de mayor peso en la economía familiar.
El incremento se implementa en un clima de alta tensión sectorial, donde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclama una recomposición salarial urgente ante un atraso estimado del 15% en los ingresos de los choferes. Por su parte, las cámaras empresarias exigen una actualización de tarifas y subsidios mucho más acelerada para cubrir los costos operativos frente a la inflación. Sin embargo, las demandas del sector chocan con la estrategia del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, que busca contener el ritmo de los aumentos en los servicios regulados para evitar que se trasladen directo al índice de precios y alteren la desaceleración de la inflación general.
