La quita del beneficio universal para los usuarios residenciales en las áreas denominadas de "Zona Fría" ya es una realidad oficializada a través del Decreto 1161/2026. A partir de la publicación de la Ley 27.828 en el Boletín Oficial, el beneficio dejará de liquidarse en forma automática por el solo hecho de residir en un determinado municipio. La medida, que rige con plazo límite hasta el 31 de diciembre de 2031, apunta a ajustar las cuentas públicas con un recorte de gasto estimado en torno a los 400 millones de dólares anuales.
El giro en la regulación impacta de lleno en unos 3.350.000 hogares de once provincias, entre los cuales se computan 1.240.000 familias radicadas en 94 distritos de la provincia de Buenos Aires. En el mapa bonaerense, comunas populosas e intensivas en consumo de calefacción como General Pueyrredon (Mar del Plata), Bahía Blanca, Tandil, Olavarría o los municipios de la Costa Atlántica pierden la bonificación directa que regía desde 2021. Dentro de dicho territorio provincial, únicamente el partido de Carmen de Patagones conservará el encuadre histórico que mantiene desde 2002.
Bajo este nuevo esquema, quienes pretendan conservar algún porcentaje de compensación deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y acreditar una situación de vulnerabilidad socioeconómica. La norma fija un techo de ingresos familiares no superior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) —monto que en la actualidad ronda los 4,8 millones de pesos para un grupo familiar tipo—, mientras que exveteranos de Malvinas, titulares con Certificado Único de Discapacidad y hogares del ReNaBaP deberán someterse a la revisión individual de la Secretaría de Energía.
Además de reducir la nómina de beneficiarios, el cambio normativo recorta el impacto real del descuento en las liquidaciones mensuales. La rebaja —que solía ser de entre el 30% y el 50% sobre el total abonado— pasará a aplicarse de manera exclusiva sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y no sobre el conjunto de componentes de la boleta. A raíz de este desmonte progresivo, analistas del sector estiman que la mayoría de los usuarios bonaerenses golpeados por la reforma enfrentarán incrementos promedio del 55% en sus tarifas.
