Una grave denuncia penal presentada por el concejal Martín Fernández y la concejal (MC) Evangelina Cordone puso bajo la lupa un presunto esquema de corrupción sistemática en la administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE) del Partido de La Costa. La presentación judicial detalla un "plan delictivo continuado" que opera desde 2022 y cuyo origen —calificado como el "pecado original"— se remonta al traspaso del servicio desde el Consejo Escolar a la órbita municipal, una medida dispuesta por el exintendente Cristian Cardozo que habría buscado eludir los controles naturales para centralizar los fondos en una estructura permeable. Las irregularidades administrativas ya cuentan con el respaldo de fallos del Honorable Tribunal de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
El núcleo de la defraudación actual combina una millonaria deuda flotante y una sofisticada maniobra de "auto-alquiler" detectada en la Rendición de Cuentas de 2025. Según la investigación, la firma NOSLIN S.R.L., propiedad del empresario Nilson Joao Pelegrini (también titular de la proveedora de alimentos FERPEL), es utilizada para cobrarle al municipio el alquiler de los mismos galpones donde se almacena la mercadería. De este modo, el grupo económico cierra un círculo de lucro indebido: no solo vende los alimentos al Estado —bajo sospechas de cartelización junto a firmas como Alimar y Romapel—, sino que también factura por la logística y el espacio físico de acopio, acumulando deudas que superan los 1.452 millones de pesos con FERPEL y los 3.113 millones con la Cooperativa ALIMAR.
Ante la gravedad de los hechos, los denunciantes solicitaron a la Justicia que se investigue una presunta asociación ilícita y se rastree la trazabilidad de todos los pagos de los últimos cinco años. La presentación exige la imputación de una larga lista de exfuncionarios y autoridades vigentes, que incluye al actual intendente Juan de Jesús por avalar licitaciones obviando prohibiciones, a directores de Contrataciones y a las secretarias de Hacienda, de Educación y del área Legal y Técnica, todos señalados como eslabones clave para la continuidad de este millonario esquema fraudulento.
