Bajo la resolución 62/2025, el Partido de General Pueyrredon incorporará cuatro dispositivos de detección de infracciones operados por la empresa Tránsito Seguro.
Estos radares móviles funcionarán en tramos críticos donde las velocidades máximas permitidas varían entre 60 y 80 km/h, cubriendo ambos sentidos de circulación en la Ruta 2 (km 384-399), la Ruta 88 (km 22-24) y la Ruta 11 (km 530-553). Según el Ejecutivo local, la medida se fundamenta en la necesidad de reducir accidentes; sin embargo, la implementación llega en un momento de controversia, ya que el Observatorio de Seguridad Vial no publica datos actualizados desde hace más de un año.
La expansión de este sistema de vigilancia ocurre en un clima de hermetismo y cuestionamientos judiciales. Pese a que el convenio con la Universidad Nacional de San Martín lleva más de tres años de vigencia, la gestión del intendente Agustín Neme no ha presentado balances públicos que demuestren la efectividad de las multas en la prevención vial. A esto se suman las causas abiertas en la Justicia Federal y el reciente archivo de pedidos de informes en el Concejo Deliberante, lo que alimenta las críticas de la oposición sobre la transparencia y la verdadera finalidad —recaudatoria o preventiva— de estos nuevos controles.
